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Declaración Institucional instando al Gobierno a flexibilizar las exigencias en materia económica impuestas a las entidades locales.28 mayo 2020



La pandemia provocada por el Covid-19 está generando una profunda crisis sanitaria, social y económica. Lo más doloroso de esta pandemia son las 25.613 personas fallecidas en todo el país por culpa de este virus, de ellas 1.279 en la Comunitat Valenciana (a fecha de 5 de mayo) pero, además de esta tragedia, el país y la Comunitat se enfrenta a una grave crisis social y económica cuya gravedad ya se observa en las dramáticas cifras de desempleo que registra nuestro país y en las previsiones que realizan tanto los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional como el propio Gobierno Central que prevé una caída del PIB del 9,2% este año y un ascenso de la tasa del paro al 19%

En nuestra Comunitat, el paro registrado subió en abril en 38.115 personas, un 9'49% más que en marzo, situándose la cifra total de desempleados en 439.942 personas.

La reconstrucción social y económica de nuestra Comunitat debe tener como actor prioritario a los 542 municipios valencianos ya que son las administraciones más próximas al ciudadano y, por tanto, deben de poder contar con todos los recursos económicos que estén a su alcance para diseñar e implementar todas las políticas públicas necesarias para dar respuesta a las necesidades de sus vecinos, garantizando los servicios públicos fundamentales, actuando en todos los frentes necesarios y complementando las medidas adoptadas por otras administraciones públicas para ampliar el alcance de respuesta.

La Constitución Española garantiza la autonomía de los municipios. En su artículo 140 se recoge que “los municipios gozarán de personalidad jurídica plena”. Asimismo, el artículo 142 señala que “las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.”

Gracias al esfuerzo de sus vecinos, de su capacidad de trabajo y contribución a las arcas públicas muchos municipios han generado superávit presupuestario y ahorros depositados en entidades bancarias. La Federación Española de Municipio y Provincias afirma que las Entidades Locales cerraron 2019 con un superávit de 3.839 millones de euros y el Informe 33/19 de la Airef cifra los ahorros en depósitos bancarios de las Entidades Locales por encima de los 27.000 M€ a cierre de 2018

Estos fondos ahora son vitales para paliar los efectos negativos tanto sociales como económicos que está generando esta pandemia. Sin embargo, el Gobierno Central, en base al Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, únicamente ha permitido a los Ayuntamientos destinar el 20% del saldo positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a paliar los efectos provocados por esta pandemia

La exigencia de la Unión Europea de garantizar la estabilidad presupuestaria que llevó a reformar el artículo 135 de la Constitución Española priorizando el pago de la deuda, y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que le siguió y consagraron los principios constitucionales de estabilidad financiera a través de una serie de normas fiscales que han de respetar las administraciones públicas españoles con el pretendido objetivo de sanear sus finanzas, provocan que las tres reglas fiscales de oro sean: la no superación de un máximo de déficit público, la no superación de un máximo de deuda, y el respeto a la “Regla de Gasto”.

Esta última “Regla” es uno de los elementos más perversos de la Ley al fijar que ninguna administración pueda incrementar su gasto público más del crecimiento estimado del Producto Interior Bruto (PIB) aunque que se haya cumplido el objetivo de déficit. Además, se trata de una regla de carácter universal e independiente de la situación financiera de cada institución.

Por ejemplo, si el PIB a nivel estatal está previsto que sea del 2%, el incremento del gasto computable en el Estado, una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento respecto a al ejercicio anterior no puede superar el 2%. Eso produce situaciones perversas ya que ata de pies y manos a las administraciones y limita la capacitad de implementar políticas sociales ymedioambientales, así, en ayuntamientos con superávit, se ve constreñida la capacitat de gasto y de hacer inversiones sociales y medioambientales necesarias para a la ciudadanía.

A eso se une que el actual diseño de financiamiento local está ahogando a los ayuntamientos e impidiendo mejoras en el bienestar de la ciudadanía, son los entes locales los responsables de buena parte de la política social i de servicios, y a los cuales se les ha exigido un mayor esfuerzo de contención fiscal lo que ha afectado a las políticas sociales básicas.

La actual situación de crisis sanitaria requiere de acciones más directas y perentorias de los municipios, donde las limitaciones económicas que impone la regla de gasto pueden ser una barrera a la hora de reactivar las economías locales una vez superada la pandemia del Covid19, donde os municipios requerirán de los superávits y remanentes líquidos de tesorería para poder inyectar fluidez y consistencia a las debilitadas economías de proximidad que se han visto afectadas por este dilatado tiempo de confinamiento.

Ante esta situación, urge exigir al Gobierno del Estado que por una lado negocie con la omisión Europea nuevos objetivos de déficit, y por otro, adopte las medidas oportunas para flexibilizar la regla de gasto con la finalidad de que los ayuntamientos con superávit puedan gastar más allá de lo que va a crecer la economía a medio plazo y para modificar la norma que fija el techo de gasto, límite que marca el Ministerio de Hacienda para a diseñar los presupuestos municipales, de manera que se fije sobre las necesidades futuras de los ayuntamientos y no sobre lo presupuestado en el ejercicio anterior.

Por todo eso es necesario que se impulse la adopción de una serie de líneas estratégicas que tengan como finalidad combatir la legislación sobre las referidas restricciones presupuestarias, de manera que las diferentes administraciones públicas puedan poner en marcha las iniciativas necesarias para mejorar el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país y para este fin las corporaciones locales suponen una capacidad potencial de acción conjunta muy interesante para combatir las políticas de recorte e impulsar el necesario objetivo de modificación del marco legal que las haga posible.

Por todo eso, el Pleno del Ayuntamiento de Teulada propone la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. El Ayuntamiento de Teulada muestra su disconformidad con las políticas de austeridad de la Unión Europea y contenidas básicamente en las reglas fiscales de no superación de un máximo de déficit público, no superación de un máximo de deuda y el respeto a la Regla de Gasto, con la finalidad de eliminar los límites impuestos a la implementación de políticas sociales y medioambientales dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) necesarios para los ciudadanos en una situación de crisis sanitaria, económica y laboral como la actual.

SEGUNDO. Exigir al Gobierno del Estado que, durante el ejercicio 2020, adopte las medidas oportunas para eliminar la regla de gasto con la finalidad que los ayuntamientos con superávit de tesorería y con un nivel de deuda bajo, puedan gastarlo en inversiones e incluo gasto corriente a través del presupuesto ordinario, posibilitando que las entidades locales puedan invertir todo aquello que consideren de sus ahorros a políticas de proximidad para paliar la crisis sanitaria, sociolaboral y económica provocada por el Coronavirus (Covid 19).

TERCERO. Igualmente, exigir al Gobierno que adopte las medidas oportunas para facilitar que se puedan aprobar Ofertas Públicas de Empleo en función de la realidad financiera de las corporaciones locales y no vinculadas a la tasa de reposición, eliminando esta tasa de reposición, con la posibilidad de crear nuevas plazas que permitan mejorar los servicios municipales y consolidar el empleo.

CUARTO. Solicitar al Gobierno de la Nación que inste a las Instituciones Europeas a que la nueva programación de Fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 se reorienten y adapten a la reconstrucción de las economías locales con la creación de fondos específicos cuyos destinatarios sean las Entidades Locales. Para la gestión de estos Fondos e Iniciativas Europeas deberán habilitarse los procedimientos necesarios para que las Entidades Locales puedan disponer de los recursos con la máxima inmediatez. Asimismo, solicitar la prórroga de plazos de ejecución de los proyectos europeos en curso afectados por esta crisis y permitir su reorientación, en el caso de que sea posible y justificable, hacía medidas para paliar los efectos del Covid-19.

QUINTO. Instar al Gobierno del Estado a establecer un Fondo de financiación Municipal directa igual que ha establecido la Generalitat Valenciana, con una distribución equitativa con criterios objetivos.

SEXTO. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a habilitar fondos de liquidez extraordinarios destinados a las Entidades Locales para mitigar esta crisis. Asimismo, le instan a dirigirse al Gobierno de la Nación para que habilite dichos fondos.

SÉPTIMO: Instar al Gobierno del Estado a que negocie con la Comisión Europea nuevos objetivos de déficit, de manera que su reducción se acomode a unos mayores plazos temporales y se consiga mediante el fomento de la actividad económica y el incremento de ingresos y no mediante el recorte de gasto necesario, dada la situación sociolaboral y de crisis sanitaria que se atraviesa.

OCTAVO: Instar al Gobierno del Estado a que en caso de no tener un acuerdo con la Comisión europea se plantee una reforma interna en el estado español que pasaría por aplicar normas de redistribución de la deuda en función de la deuda acumulada por cada administración pública, diferenciando entre estado, autonomías, diputaciones y ayuntamientos.

NOVENO: Comunicar el presente acuerdo a la ciutadanía del municipio a través de la web municipal, a lass Cortes Valencianas y a sus Grupos Parlamentarios, al Gobierno del Estado y a la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado y a sus respectivos Grupos Parlamentarios.